Pagarán 29 mil dólares:
28.519,00 dólares de multas, aplicó la Empresa Pública Aguas de Manta-EPAM a 13 usuarios que fueron sancionados por incurrir en el uso fraudulento del sistema público de dotación agua potable, situación que afecta no solo los intereses económicos de la entidad, sino el abastecimiento adecuado de los usuarios que cumplen puntualmente con el pago de su consumo.
Así lo informó Ramiro Almeida, técnico de la EPAM, responsable del equipo de Control, pérdidas y defraudaciones, que es el ente encargado de realizar el seguimiento a las diferentes formas de estafa en contra de la empresa de agua, que se han descubierto en diferentes sectores de la ciudad.
Con multas que van desde los 950,00 hasta los 3.097,00 dólares, la unidad de Control detectó once conexiones domésticas -entre las que destacan líneas clandestinas directas o con bypass, así como manipulación arbitraria del medidor de agua- que generaron 23.123,08 dólares en multas, mientras que 2 usuarios del sector comercial fueron sancionados con 5.395,92 dólares
Almeida precisó que la EPAM, amparada en la ley, está ejerciendo una férrea vigilancia a toda forma de conexión clandestina, con sanciones pecuniarias que pueden alcanzar hasta las 5 remuneraciones básicas (1.830 dólares), más un estimativo de consumo mensual en metros cúbicos, multiplicado por los últimos 12 meses, que varía el monto de acuerdo a la categoría (doméstica, comercial o industrial) en la que se realice la infracción.
Lo que busca la EPAM, enfatizó Almeida, no es sancionar sino que cada usuario legalice su servicio instalando el respectivo medidor. Así pagará por su consumo real, sin perjudicar a la empresa; y con estos recursos poder ampliar y mejorar la cadena de procesos que nos permite tener el caudal suficiente para beneficio de toda la población.
La exploración continuará en cualquier lugar donde existan indicios de conexiones ilícitas, por lo que la EPAM realiza un llamado cordial a los usuarios a que legalicen sus acometidas irregulares, evitando las fuertes multas económicas establecidas en la ley.
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